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La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha exigido este lunes que se pongan en marcha “con urgencia” las medidas aprobadas por el Gobierno central en el marco del estado de alarma declarado el 14 de marzo “para proteger a los migrantes de los asentamientos y a la población en general de la expansión del nuevo coronavirus”.
De esta forma, a pesar de las conversaciones mantenidas con las diferentes instituciones, tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno andaluz, “a día de hoy no se ha llevado a cabo más que el trabajo de un grupo de la UME informando a los asentamientos de la obligación del confinamiento en esta crisis sanitaria”, ha explicado González.
En este sentido, la representante andaluza ha señalado que ha pedido camiones cisterna de agua potable a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva, “sin que a día de hoy se sepa nada”. Asimismo, “hay dos grifos a una distancia alejada de los diez asentamientos de Lepe”, como única medida adoptada en un municipio que acoge a 900 migrantes, aproximadamente.
La parlamentaria reclama, por tanto, “la colaboración tanto de las instituciones como de los grandes empresarios” de la provincia para que se cumpla el decreto dictado por el estado de alarma, y así proteger a “personas que, además, están contribuyendo al necesario abastecimiento de alimentos a la población española y a que no se hunda la economía de la provincia de Huelva”, ha sentenciado.
González ha hecho hincapié en el agua potable como elemento básico, ya que la carencia de la misma “expone a estas personas a un alto riesgo de contagio en el contexto actual de pandemia” y supone “una situación potencial de creación de un foco infeccioso” de la enfermedad. “No puede ser que la provincia con menos casos detectados de coronavirus no cumpla los decretos poniendo en riesgo a la población por la inacción de las diferentes autoridades”, critica.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado una serie de medidas preventivas para evitar el contagio del virus, que “no están garantizadas en estos asentamientos chabolistas, al carecer de cualquier tipo de suministro de agua, sea estable u ocasional”. Así, González ha denunciado que “las personas que habitan estos asentamientos, en algunas ocasiones, tienen que desplazarse a varios kilómetros para poder acceder al agua y así cubrir sus necesidades básicas”. Además, “los que acuden al centro de salud de Lepe por algún problema médico no les dejan entrar sin guantes y mascarillas”, explica, lo que “está provocando que se venda en el lugar a cuatro euros”
En los asentamientos (49 repartidos entre Lepe, Moguer, Lucena y Palos) “no hay ningún tipo de red de saneamientos ni de recogida de basuras”. Estas condiciones hacen que, desde el punto de vista higiénico sanitario, haya “grandes riesgos para la salud en condiciones normales”, por lo que “en una crisis sanitaria como la actual los riesgos se multiplican”.
Asimismo, González ha incidido en la necesidad de “poner en marcha un plan, con carácter urgente, de regularización de los trabajadores que permita la contratación de estas personas y que puedan ocupar los miles de alojamientos vacíos que hay en los campos”. Así, actualmente, “el 74 por ciento se encuentra en situación regular, el 23 por ciento pendiente de respuesta y solo el tres por ciento sin documentación”.
